Medidas contra la inmigración en Argentina

Argentina ha endurecido su postura sobre la inmigración y quiere disuadir a los migrantes de algunos de los países más pobres de América del Sur. “Ante los actos recientes de delincuencia organizada, el gobierno ha tenido enormes dificultades en la aprobación de las órdenes de deportación en contra de los extranjeros”, dijo el Presidente Mauricio Macri sobre los cambios en las políticas implementadas por el estado de emergencia según el decreto presidencial.

La medida permite a Argentina acelerar la deportación de residentes extranjeros con antecedentes penales, así como restringir la entrada a aquellos que cumplen sentencias. También se dirige específicamente a los sospechosos de drogas y la trata de seres humanos, blanqueo de dinero y el comercio de armas.

El decreto argumentó que los inmigrantes suman el 21,35 % de la población carcelaria en penitenciarías federales y que el 33 % de los condenados por tráfico de drogas son extranjeros.

La gran mayoría de inmigrantes en Argentina, que representan el 4,5 % de la población, provienen de Paraguay, Bolivia y Perú, algunos de los países más pobres de América del Sur. La mayoría de estos inmigrantes son pobres, sin educación y llegan buscando empleo, según un informe de 2012 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que reveló que la mayoría de paraguayos migrantes trabajan en la construcción, mientras que los bolivianos trabajan principalmente en el sector agrícola (granjas de oliva y viñedos).

Los migrantes han estado buscando este tipo de trabajo en Argentina durante décadas, y siempre se han enfrentado a la discriminación y se les ha culpabilizado de problemas sociales, económicos, sanitarios y de seguridad. Los defensores de derechos humanos dicen que el gobierno argentino ha una realizado ofensiva contra la inmigración que crea riesgos adicionales como la estigmatización de los extranjeros, y se trata de una violación de los derechos humanos en virtud del derecho internacional.

“Amnistía Internacional considera que es un error reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre la seguridad nacional que se asocia a los migrantes con los delincuentes. Incluso cuando los estados tienen la autoridad para establecer las normas en materia migratoria, no pueden violar los derechos garantizados en la constitución y tratados internacionales de derechos humanos“.

La administración de Macri argumentó que los cambios no afectan al gobierno de la política de inmigración: “No podemos seguir permitiendo que los criminales vean Argentina como un lugar para cometer delitos” , dijo Macri, hijo de un inmigrante, durante una reciente conferencia de prensa.

Argentina, un país abierto a la inmigración (hasta ahora)

Tradicionalmente, Argentina ha tenido un enfoque proclive a la bienvenida de la inmigración. Los críticos rápidamente hicieron comparaciones con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recientemente tomó la polémica decisión de prohibir temporalmente la entrada a los viajeros procedentes de siete países musulmanes. Macri también ha propuesto una fuerza de policía especial para el control de la frontera, e incluso se está planteando la construcción de un muro en la frontera con Bolivia.

Los miembros de la oposición también han acusado al gobierno de utilizar estadísticas engañosas para culpar a los extranjeros por delitos de narcotráfico en el país.

Están tratando de asociar la inmigración con la delincuencia. Mientras persiguen a los pobres en los barrios bajos por el color de su piel o de su nacionalidad, los principales crímenes relacionados con el tráfico de drogas continúan dirigido por funcionarios del gobierno y la policía corrupta”.

Macri también se ha enfrentado a acusaciones de que sus nuevas restricciones para los inmigrantes pobres llegan para distraer la atención de los problemas económicos del país. En septiembre, el gobierno de Argentina publicó unas cifras que revelan que casi un tercio de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

A pesar de todo, el cambio en la política de inmigración ha sido respaldada por un fuerte apoyo de la sociedad. Una encuesta publicada a finales de enero por la consultora Poliarquía mostró que el 69 % de los encuestados aprueba prohibir la entrada al país a los extranjeros con antecedentes penales. Sólo una cuarta parte de los encuestados vio la orden como una maniobra política.

Un senador que apoya el decreto, Miguel Ángel Pichetto, de centro-izquierda, dijo que Argentina tiene derecho a negar la entrada a los migrantes que utilizan el país para el tráfico de drogas.

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