Información sobre el Real Decreto-ley 11/2018

A partir del Real Decreto-ley 11/2018, con fecha del 31 de agosto, hemos podido saber que va a haber una modificación de la disposición final séptima de la Ley 39/2015, por la cual el 2 de octubre de este año debían entrar en vigor las previsiones para la administración electrónica, cuya implementación ahora se ve retrasada hasta el año 2020.

Sin duda, esto trastoca los planes de una administración que esperaba digitalizar trámites burocráticos y así agilizarlos y facilitarlos. En cambio, la sentencia 55/2018 (24 de mayo) del Tribunal Constitucional dictaminó que la Ley 39/2015 era inconstitucional al permitir que con carácter excepcional las consejerías adoptaran normas reglamentarias.

En busca de la interoperabilidad

Antes de que dicha ley pueda tener efecto deberán afinarse algunos de los factores técnicos y procedimentales. Si se quiere conseguir una interoperabilidad, la gestión de datos y el sistema de notificaciones no están optimizados.

En caso de haber entrado en vigencia esta ley, el registro electrónico único habría salido adelante y facilitado las gestiones con la administración electrónica. Lógicamente, al no garantizarse la interoperabilidad necesaria para que se puedan conectar las entidades, lo más seguro es detener el proceso hasta subsanarlo técnicamente.

Objetivo: aprovechar las nuevas tecnologías para gestiones

El mundo actual avanza en clave tecnológica y parece que el Estado español no ha estado a la altura para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. La digitalización se está ampliando cada vez más en diferentes ámbitos y es cuestión de tiempo que esta implementación tenga lugar, pero de momento tendrá que esperar.

El servicio telemático debe tener el respaldo tecnológico para atender tanto a ciudadanos como personas jurídicas, y simplemente han existido los medios suficientes para cumplir los plazos. Se prevé que próximamente llegue la implementación del Portal Tecnológico de la Administración General del Estado, mediante el cual los ciudadanos podrían gestionar sus trámites a cualquier hora.

Si bien hay lugar para la esperanza ya que Hacienda ha podido adaptarse a los tiempos que corren mediante el uso de Internet, un certificado, el teléfono móvil o un PIN de 24 horas de validez, la Administración General no ha conseguido cumplir los plazos. Por otro lado, el único sistema operativo soportado es Windows, por lo que el creciente número de usuarios de Mac no podrán operar. Quizás la ampliación del plazo por un tiempo de dos años adicionales podría servir para solventar esta otra complicación.