JD Immigration 
Situación de los CIE de Madrid y Barcelona
Según la ONG jesuita Pueblos Unidos, de los immigrantes recluidos en los CIE de Madrid y Barcelona, más de la mitad carecía de antecedentes penales. Unos 83 de los 300 entrevistados habían tenido residencia legal anteriormente.
En 2013, 4.500 inmigrantes fueron recluidos en los CIE de Madrid y Barcelona
Patricia Johnson paseaba por la Gran Vía de Madrid el 1 de diciembre de 2013 cuando fue interceptada por una pareja de policías. Fue detenida por no tener los papeles de residencia en regla y trasladada al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en la capital española.
Patricia es una de las 4.500 personas que fueron recluidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros de Madrid y Barcelona durante 2013, según la ONG jesuita Pueblos Unidos. La cifra supone casi un tercio de los casi 12.000 que fueron recluidas el año anterior.
La organización, que accede a diario al CIE madrileño, ha realizado más de 1.200 entrevistas a 300 internos en 2013, de los que un 73% eran hombres y un 28% acababan de llegar a España. La mitad carecía de antecedentes penales.
Sus conclusiones y las de la Fundación Migrastudio de Barcelona, que visita el CIE de la Zona Franca, han quedado reflejadas en el informe Criminalizados. Internados. Expulsados, que resalta que la principal razón por la que muchas personas acaban en uno de estos centros —ocho en nuestro país— es por carecer de residencia legal pese a llevar muchos años en el país. De los entrevistados, 221 tenían una orden de expulsión, pero 83 ya habían disfrutado de un permiso de residencia legal anteriormente.
Pese a que no todos tienen antecedentes penales, la ONG ha advertido que el discurso de la policía y de Interior criminaliza a los inmigrantes retenidos en los CIE, buscando asentar la idea en la opinión pública de que solo se expulsa a delincuentes ilegales y muy peligrosos.
Numerosas ONG han denunciado repetidamente que en España se abusa del internamiento, una medida excepcional según las legislaciones española y europea que incluso requiere autorización judicial previa para ejecutarse. La organización denuncia que más de la mitad de las personas internadas en un CIE nunca llegan a ser expulsadas del territorio español.
En 2012 fueron el 52,3%, según la memoria de la Fiscalía Federal del Estado. En 2013, un 54% fue puesto en libertad en Barcelona y en Madrid, donde aún no hay datos oficiales, la ONG estima que un 37% salieron y un 35% fueron expulsados. Las puestas en libertad se deben a que el juez estima los recursos de los abogados, a la imposibilidad de documentar el país de origen del inmigrante o a que son menores de edad.
Mientras, el coste de mantener los ocho CIE en funcionamiento supuso para las arcas públicas 9,27 millones de euros al año, según el Ministerio de Interior.
Pueblos Unidos también ha detectado casos de personas con necesidades de protección no atendidas: posibles refugiados, menores, enfermos y mujeres víctimas de trata. La ONG asegura que el trabajo de identificación de esta población susceptible de protección no existe, que en los CIE no se da información de asilo y son las ONG quienes informan sobre la posibilidad de pedirlo.
¿Quién es responsable del abuso de las órdenes de internamiento? Jueces, policía, Fiscalía y también abogados, según la ONG, a quienes esta hace una serie de recomendaciones hasta que se decrete el cierre de los CIE. A la Justicia, han pedido que las competencias sobre internamiento sean trasladadas de los juzgados de Instrucción a los de lo Contencioso-Administrativo y que se refuerce la formación de jueces desde el ámbito académico. También han hecho una llamada a la responsabilidad de los abogados de los internos, a los que, en ocasiones, se les critica por no hacer bien su trabajo.
