El Ministerio de Trabajo e Inmigración es el máximo organismo del Estado en todo lo que tiene que ver con el empleo, la Seguridad Social, la extranjería, la emigración y la inmigración. Por encima de él solo se encuentra el Gobierno, formado por el Presidente y por el conjunto de ministros.
Cómo se gestiona el Ministerio de Trabajo e Inmigración
El Gobierno es el que establece las líneas básicas de actuación que van a seguir los distintos Ministerios, y estos las desarrollan y las llevan a cabo. Es decir, los Ministerios son los encargados de ejecutar en la práctica las decisiones que se han tomado en el Gobierno. Por ejemplo, imaginemos que el Gobierno decide hacer un plan de empleo juvenil porque detecta que las cifras de desempleo entre los jóvenes son muy elevadas. En ese caso, lo primero que debería hacer el Ejecutivo es redactar una ley que incluyera las principales líneas de actuación que van a seguirse. Una vez que la ley fuese aprobada por las Cortes, se publicaría en el Boletín oficial del Estado y entraría en vigor. Sin embargo, para que fuese eficaz y sus efectos pudiesen producir un descenso real en las cifras del paro, aún tendría que ser desarrollada por el Ministerio encargado de esa área, en este caso el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Una vez que el texto legal llega al Ministerio, pasa a la Secretaría de Estado encargada de esa área concreta. Dentro de cada Ministerio existen varias Secretarías dedicadas a dirigir y coordinar las actuaciones en cada una de las grandes áreas que tiene a su cargo el Ministro. En el caso del de Trabajo e Inmigración, existen tres Secretarías: la de Empleo, la de Seguridad Social y la de Inmigración y Emigración. Siguiendo con el ejemplo anterior, la ley sobre desempleo juvenil sería competencia de la Secretaría de Empleo, que tendría que ocuparse de desarrollarla para que pudiese ser aplicada. Las Secretarías son las que tienen la verdadera carga de trabajo, ya que son las encargadas de las decisiones de tipo práctico. Hasta que llega aquí, la ley solo ha tenido que pasar por decisiones políticas, pero su puesta en marcha exige actuaciones prácticas que recaen en las Secretarías. Los secretarios de Estado son los que se encargan de desarrollar todos los aspectos de la ley para que ésta tenga un efecto real. Si su trabajo no está bien hecho, la lay no tendrá reflejo en la realidad y la decisión política no habrá servido de nada. Es decir, a pesar de que ellos no han tomado la decisión sobre las líneas básicas de la ley, tienen que hacer que ésta funcione. En el caso concreto de una ley sobre desempleo juvenil, el Gobierno es el que fija las líneas básicas –por ejemplo, crear un nuevo tipo de contrato específico para jóvenes o fomentar las becas de formación- pero es la Secretaría de Empleo la que tiene que desarrollar cómo se va a aplicar esa ley –qué forma jurídica puede tener ese contrato, si es necesario crear un organismo nuevo para gestionar las becas o si se deben dar incentivos a las empresas para que contraten jóvenes-. Además, para estas ejecutar estas decisiones suelen contar con un presupuesto limitado, lo que hace aún más difícil su función.
A su vez, dentro de las Secretarías existen diferentes organismos dedicados a áreas distintas de actuación. Sin embargo, por debajo del Secretario –que es un puesto político decidido por el Ministro- todos los demás son funcionarios de carrera, que han accedido mediante una oposición y una serie de méritos. Esto se debe a que su función se limita a ejecutar las decisiones tomadas por el Gobierno, el Ministro y el Secretario.
Además de las competencias en Empleo, el Ministerio de Trabajo también tiene una importante labor en el desarrollo de dos áreas básicas para los ciudadanos, como son la Seguridad Social y la inmigración. El Ministerio es el encargado de establecer las líneas fundamentales de las políticas en estos ámbitos a partir de lo fijado por el Gobierno. Sin embargo, no actúa solo: muchas competencias de empleo y Seguridad Social están transferidas a las Comunidades Autónomas, por lo que son éstas las que toman las decisiones y desarrollan las políticas. Eso sí, respetando siempre las leyes establecidas desde el Gobierno central.
